El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido recurrir el decreto aprobado por el Gobierno de España relacionado con la atención de menores migrantes. La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha expresado que los centros para menores en la región están casi llenos y que la llegada de 500 niños adicionales sin la financiación adecuada sería insostenible. Según Padilla, el coste de atender a estos menores podría ascender a 26 millones de euros, sin incluir gastos en educación y sanidad. A pesar de que el Gobierno regional no se opone a recibir a los menores, exige recursos adicionales para garantizar una atención digna.

El análisis realizado por el Consultivo señala varios puntos controversiales, incluyendo la invasión de competencias en relación a la asistencia y protección de menores, que corresponde a las comunidades autónomas. También se critica la falta de urgencia para implementar el decreto, dado que la situación de los menores migrantes ha sido un tema tratado desde 2022. Además, se destaca que los fondos de 100 millones de euros destinados a aliviar la carga de las comunidades autónomas solo beneficiarán a aquellas que ya han superado su capacidad, excluyendo a Castilla-La Mancha.

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