El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su compromiso con la contratación pública como un motor clave para el desarrollo y la inclusión social. Durante la jornada «Compra pública responsable: mecanismos legales y buenas prácticas para la inclusión sociolaboral», la secretaria general de Hacienda, Macarena Sáiz, subrayó cómo la capacidad de contratación del gobierno regional es esencial para el crecimiento económico, representando un 25% del PIB autonómico. Sáiz destacó la importancia de canalizar fondos estratégicos para mitigar las crisis económicas, haciendo hincapié en que la contratación no solo debe buscar el mejor precio, sino que debe contribuir a objetivos sociales y laborales.
Además, la secretaria anunció que antes de finalizar el año se implementará un nuevo decreto sobre Contratación Pública, que incluirá un capítulo dedicado a la contratación reservada, con el propósito de incrementar la participación de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción en la esfera pública. Desde 2016, Castilla-La Mancha ha asignado más de 15 millones de euros en contratos a estas entidades, enfocándose en sectores como limpieza, mantenimiento de zonas verdes y restauración. Con estas medidas, el gobierno regional no solo busca promover el empleo inclusivo, sino también proporcionar un marco que favorezca prácticas responsables en la contratación pública.
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