El Gobierno ha aprobado un real decreto que establece la derivación de menores migrantes no acompañados, enfocado en un reparto equitativo entre las comunidades autónomas según su capacidad de acogida. Andalucía, Cataluña y Madrid lideran en capacidad, con plazas significativas, mientras que regiones como Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla presentan recursos más limitados. La normativa fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, y aquellas comunidades que superen su capacidad deberán recurrir a la situación de contingencia migratoria, permitiendo el traslado de menores a otras áreas con menor ocupación.

El decreto ha generado reacciones mixtas. Comunidades gobernadas por el PP, junto con Castilla-La Mancha, han recurrido la medida ante tribunales, argumentando falta de coordinación e imposición. Regiones como Madrid y Baleares han expresado que sus infraestructuras están ya saturadas y buscan suspender el decreto. Sin embargo, voces como la de Asturias insisten en la responsabilidad humanitaria de estas acciones. Canarias defiende su esfuerzo por incrementar plazas, mientras que Ceuta espera que el nuevo sistema alivie la presión local. El conflicto destaca la divergencia entre las autonomías y el gobierno central sobre cómo gestionar equitativamente la acogida de menores migrantes.

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