La reciente propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica en España busca redefinir las reglas del trasvase Tajo-Segura en un contexto de crisis hídrica. Con una nueva normativa en la mesa, se espera estabilizar los embalses de Entrepeñas y Buendía a un nivel que permita mayores reservas de agua y, a su vez, limitar los trasvases a 11 hectómetros cúbicos por operación. Esta medida, sostenida por sentencias judiciales y regulaciones europeas, representa un cambio significativo para Castilla-La Mancha, que ha sido históricamente desfavorecida en este juego de recursos hídricos.
Sin embargo, las tensiones no se han hecho esperar, y desde el sureste español emergen críticas que apuntan a la fragilidad de acuerdos previos entre comunidades autónomas sobre la gestión del agua. A pesar de las promesas de objetividad y transparencia, el debate subyacente parece centrarse en cuestiones económicas más que ambientales. Con el tiempo, las verdaderas dinámicas del trasvase dependerán de la competitividad del agua desalinizada frente a la del río, y hasta entonces, la lucha por un reparto justo y sostenible del agua continúa.
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