Castilla-La Mancha ha manifestado su respeto por las movilizaciones ciudadanas, aunque critica la intervención política de las administraciones de Murcia y Valencia en las protestas de Scrats, a las que consideran politicizadas. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, destacó que estas movilizaciones surgen en un contexto complicado, dado que las normas para el trasvase Tajo-Segura se han retrasado durante meses y las administraciones regionales implicadas no han hecho contribuciones técnicas significativas a su desarrollo.
Gómez subrayó la falta de cobertura de las necesidades de la cuenca cedente y la mala calidad del río Tajo, que no cumple con los estándares necesarios para ser considerado un «río vivo». Además, advirtió que los caudales ecológicos recomendados por Europa no están garantizados. La consejera citó la existencia de cinco sentencias del Tribunal Supremo a favor de Castilla-La Mancha, reafirmando su compromiso de seguir colaborando con el Gobierno de España, siempre que se respeten las normativas y se tomen decisiones adecuadas.
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