La relación entre el Gobierno español y el Poder Judicial se encuentra en un punto crítico tras recientes declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien criticó la absolución del exfutbolista Dani Alves por agresión sexual, provocando un fuerte rechazo entre las asociaciones judiciales. Montero, que consideró la sentencia como una «vergüenza», terminó pidiendo disculpas, pero su opinión refleja un clima de tensión creciente entre los poderes del Estado. La oposición, liderada por el PP, acusa al Ejecutivo de intentar socavar la independencia del sistema judicial para ocultar conductas delictivas de su entorno, lo que ha llevado a un debate acalorado sobre la legitimidad y el respeto mutuo entre ambos poderes.
Este conflicto no es nuevo y surge en un contexto de reformas legislativas controvertidas, como la ley de amnistía aprobada para facilitar el diálogo con los independentistas catalanes. Los ataques al sistema judicial se intensifican mientras el Gobierno defiende a figuras clave, como el fiscal general Álvaro García Ortiz, bajo investigación por su gestión en ciertas causas. La insistencia del Ejecutivo en desacreditar actuaciones judiciales, junto con llamados de la oposición a elecciones anticipadas, pone de manifiesto una crisis de confianza en la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia y eficacia, generando un ambiente político marcado por la polarización y la controversia.
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