En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el escándalo de corrupción en la Diputación de Almería ha generado una avalancha de reacciones. El caso, que comenzó con la adjudicación de un contrato de emergencia en abril de 2020, destapó una red de presuntas irregularidades y comisiones ilegales al descubrirse que la empresa beneficiaria, Azor Corporate Ibérica, realizó pagos sospechosos vinculados al tráfico de influencias. La investigación, que llevó a la detención del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y de otros altos cargos, se centra en la adjudicación de contratos durante el estado de alarma y posteriores acuerdos de obras públicas, implicando a un total de 17 personas, cuyas familias también están bajo el escrutinio de las autoridades.
El procedimiento judicial avanza con el avance de nuevas fases, donde se incautaron dispositivos y se realizaron registros en varias regiones. La trama ha revelado el uso de lenguaje en clave entre los sospechosos para manejar el flujo de comisiones y la compra de lujos como vehículos caros. Pese a la gravedad de las acusaciones, que incluyen cohecho, malversación y blanqueo de capitales, las partes implicadas defienden su actuación, alegando transparencia y legalidad en los procesos. El caso, que sacude las esferas políticas locales, pone en evidencia una vez más los riesgos de corrupción que pueden surgir en contextos de emergencia sanitaria.
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