La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que evalúe si debe asumir el caso del diputado Miguel Ángel Gallardo, ante sospechas de responsabilidad criminal. En su informe, Biedma detalla que Gallardo obtuvo su credencial como diputado el 21 de mayo, un día después de la apertura de juicio oral en su contra. La jueza destaca que su acceso a la Asamblea ocurrió por la renuncia «exprés y conjunta» de otros cuatro candidatos negando que estas dimisiones fueran casuales, sugiriendo que hubo una intención planificada para facilitar el ascenso de Gallardo y su consiguiente aforamiento.

La jueza considera que esta estrategia podría infringir la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe el abuso de derechos o el fraude legal. Además, argumenta que las prerrogativas del aforamiento deben proteger las funciones públicas y no a los individuos. Biedma apunta que el «aforamiento repentino» de Gallardo no solo compromete el acceso a la justicia, sino que también podría generar dilaciones en el proceso judicial, una situación que considera inaceptable en un estado democrático.

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