El Parlamento de Castilla-La Mancha aprobó recientemente una resolución solicitando al Gobierno español la creación de un proceso de negociación multilateral que establezca un modelo de financiación equitativo para todas las comunidades autónomas, eliminando privilegios especiales para ciertas regiones. Aunque el texto no menciona explícitamente a Cataluña, se interpreta que se refiere al polémico cupo catalán. Este mandato llega tras una resolución similar ratificada el año anterior. Sin embargo, las perspectivas de que el gobierno central actúe en consecuencia parecen escasas, dado que las resoluciones aprobadas proceden exclusivamente del PSOE, que posee una mayoría absoluta, mientras que el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

El debate plenarial, marcado por las tensiones entre el PP y el PSOE, evidenció la sensibilidad del tema de financiación autonómica. El PP criticó las posibles concesiones a Cataluña, instando a tomar medidas inmediatas. El líder popular, Paco Núñez, desafió al PSOE a actuar, sugiriendo que tenían el poder para detener un modelo de financiación singular para Cataluña en el Congreso. Mientras tanto, el PSOE, personificado por Ana Isabel Abengózar, reprochó al PP su incoherencia histórica en temas de financiación. El contexto se complicó más cuando el PP introdujo en su resolución demandas de dimisión del presidente Pedro Sánchez, vinculándolo a una supuesta trama de corrupción, provocando un rechazo por parte del PSOE.

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