El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha sido fundamental en la elaboración de un nuevo decreto que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta medida busca fortalecer el apoyo técnico a entidades locales, especialmente a aquellas de menor tamaño, sin reemplazar las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública.
El decreto, aprobado el pasado viernes y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece el régimen jurídico para estas entidades y desarrolla las previsiones de la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Este nuevo marco permitirá que actúen en áreas como urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, explicó que el objetivo principal de esta normativa es mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas, especialmente en áreas rurales, mediante una colaboración efectiva con entidades especializadas. Destacó que se trata de un régimen público-privado donde estas entidades brindarán apoyo técnico, optimizando procesos y mejorando la calidad técnica de los expedientes.
El decreto aclara que las funciones de las entidades colaboradoras se centrarán en la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, sin sustituir las competencias administrativas, que seguirán bajo control y supervisión de la Administración. Santiago enfatizó que esto no implica una pérdida del principio de autoridad, sino una colaboración.
Inicialmente, el área de urbanismo será la primera regulada, aunque el marco se extenderá a otros sectores como gestión forestal, calidad ambiental, economía circular y promoción empresarial. Desde COSITAL Castilla-La Mancha consideran que esta normativa representa una oportunidad para mejorar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, especialmente aquellos con estructuras administrativas limitadas.
«Todo aquello que refuerce la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.
