El distanciamiento entre el Gobierno español y el sector empresarial se ha intensificado en las últimas décadas debido a constantes reformas laborales y leyes administrativas implementadas sin el consenso de la patronal. Estas medidas, que incluyen el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral sin recorte de salario, se han convertido en una carga según los empresarios, quienes argumentan que el exceso de burocracia frena la inversión y la productividad. En particular, durante la pandemia, la implementación de nuevas regulaciones fue tan rápida que muchas empresas se vieron obligadas a mantenerse constantemente actualizadas para evitar incumplimientos.

Actualmente, la situación parece no mejorar, con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) destacando que 2024 será uno de los años con mayor actividad legislativa de la última década. Las empresas deben enfrentarse a la gestión de casi 300.000 páginas de normativas al año, situación que consideran insostenible para la competitividad y rentabilidad del tejido productivo. Este problema no se limita a España; a nivel europeo, tanto autónomos como pymes enfrentan una sobrecarga regulatoria similar. Organizaciones como BusinessEurope han pedido a la Unión Europea una reducción de la carga burocrática, advirtiendo que esto afecta a la inversión y la innovación, especialmente para pequeñas empresas que no pueden mantenerse al día con las continuas disposiciones legales.

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