La última reunión entre el comité de empresa y la multinacional Marktel culminó sin un acuerdo, dando pie al cierre del centro en Albacete y despidiendo a 55 empleados. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha manifestado su intención de impugnar el expediente de regulación de empleo (ERE), acusando a la empresa de actuar de mala fe y de no proporcionar información clara sobre los clientes y servicios que ofrece. El secretario regional de UGT, Diego Martínez-Acacio, lamentó el desenlace y sostuvo que la empresa se mostró inflexible durante las negociaciones, dilatando el proceso y presentando una oferta considerada insuficiente por los trabajadores.
Martínez-Acacio también denunció la falta de transparencia de Marktel al no facilitar información relevante sobre su operativa en otros países, como Colombia y Portugal, donde se supo que existen vínculos con la empresa cerrada aquí. La situación ha sido calificada como una represalia por parte de los sindicalistas, quienes habían solicitado el reconocimiento de sus categorías laborales, buscando ser clasificados como gestores telefónicos en lugar de teleoperadores. Ante el incumplimiento de estas demandas y la inminente pérdida de empleo, los afectados han decidido llevar su caso a los tribunales, buscando revertir las decisiones tomadas por la compañía en los últimos meses.
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