El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha solicitado la implementación de inspecciones médicas para combatir lo que ha denominado un «coladero» de bajas laborales fraudulentas, estimando que estos casos representan alrededor del 20% de las prestaciones por incapacidad. En una reciente rueda de prensa en Toledo, Nicolás se refirió a un informe del Banco de España que señala un aumento del 78,5% en el coste de las prestaciones de incapacidad desde 2019, alcanzando más de 15.000 millones de euros, lo que equivale a casi un 1% del Producto Interior Bruto del país. Según el líder empresarial, esta situación es crítica, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde la carga financiera de injustificadas ausencias puede resultar insostenible.
Nicolás también subrayó un aumento del 28% en las bajas que superan el año, muchas de las cuales son difíciles de clasificar, en gran medida debido a problemas de salud mental. A su juicio, se ha creado un sistema en el que es difícil distinguir entre casos legítimos y fraudulentos, lo que ha contribuido al aumento de los costes de incapacidad. Mientras que los empresarios piden el control de estas bajas a través de inspecciones médicas, Nicolás destacó que las mutuas ya están utilizando detectives privados para investigar casos sospechosos, aunque este enfoque limita su capacidad para abordar el fraude de manera efectiva. En este contexto, aboga por que los trabajadores que incurran en prácticas fraudulentas sean sancionados, al igual que se hace con los empresarios que incumplen la ley.
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