En medio de una intensa batalla legal en Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcotráfico, armas y conspiración de narcoterrorismo tras su captura en Caracas el pasado enero. En el centro de esta pugna se encuentra la cuestión de la inmunidad diplomática, una protección de la que Washington excluye explícitamente a Maduro y su esposa, Cilia Flores, argumentando que desde 2019 dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela. Aun así, sí ha concedido dicha inmunidad a Delcy Rodríguez, presidenta interina, en un movimiento que refuerza la posición de Estados Unidos al reconocer a Rodríguez como la líder del país sudamericano. Esta discrepancia pone de relieve las complejidades diplomáticas y legales en juego, siendo esencial para la defensa de Maduro, que sostiene que debería contar con los privilegios correspondientes a un jefe de Estado en funciones.
Mientras tanto, Estados Unidos solicita al juez Alvin K. Hellerstein que rechace las mociones de Maduro y Flores para desestimar las acusaciones, preparando el terreno para una audiencia sobre el tema de la inmunidad, prevista para el 17 de noviembre, y el juicio, fijado para junio de 2027. En paralelo, Cilia Flores busca un traslado a arresto domiciliario por motivos de salud, un asunto que se llevará ante el juez esta misma semana. Este conflicto legal no solo desafía las relaciones bilaterales entre ambos países, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro político de Venezuela y la legitimidad de sus líderes en el complejo escenario internacional.
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