El Pleno del Congreso ha decidido rechazar la admisión a trámite de la reforma de la Ley del Suelo, impulsada por el PSOE en colaboración con el PNV, cuyo objetivo es limitar el impacto de las denuncias en proyectos de ordenación urbanística. La iniciativa, que ya había suscitado críticas en su presentación anterior y que fue retirada por falta de apoyos, ha enfrentado una clara oposición de partidos como el PP, Sumar, Podemos, ERC y Junts. Estos partidos argumentan que la norma podría abrir la puerta a la especulación urbana, mientras que la propuesta intenta establecer un marco más rígido que reduzca las posibilidades de nulidad de planes urbanísticos por defectos menores.
Las posturas se han polarizado en el debate, con el PNV defendiendo la necesidad de las reformas para evitar la anulación de proyectos por errores subsanables. Sin embargo, las críticas han subrayado que se podrían limitar las oportunidades de acción legal para los ciudadanos contra posibles abusos, con Sumar y Podemos alertando sobre el riesgo de «pelotazos urbanísticos». El PP, por su parte, ha calificado la reforma de insuficiente, reclamando una reestructuración más amplia de la legislación que aborde las cuestiones relacionadas con la crisis de vivienda. Ante este panorama, la tensión política en torno a la regulación urbanística se intensifica, reflejando diferentes visiones sobre cómo abordar los desafíos de la urbanización y la vivienda en el país.
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