Un informe interno del Tribunal Constitucional ha determinado que esta corte no tiene la capacidad de impedir que otros tribunales españoles, como la Audiencia de Sevilla, dirijan cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este dictamen se produce en un contexto de controversia respecto a la intención del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de frenar la posible consulta de la Audiencia relacionada con el ‘caso ERE’. La letrada responsable del informe sostuvo que obstaculizar estas consultas no solo sería incompatible con el mecanismo judicial establecido, sino que podría violar el principio de independencia judicial, lo que podría llevar a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra España.
El debate ha generado tensiones internas en el TC, donde el apoyo a la postura de Conde-Pumpido ha sido escaso incluso dentro del sector progresista. A medida que se discuten las implicaciones judiciales de este asunto, algunos magistrados insisten en que los jueces españoles deben tener la autoridad para cuestionar las sentencias del TC en términos de conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Se espera que las deliberaciones continúen en un próximo Pleno, donde se abordarán no solo la providencia de la Audiencia de Sevilla, sino también varios informes solicitados por otros magistrados que podrían influir en la decisión final del tribunal sobre este delicado tema.
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