El debate sobre el gasto en defensa y el controvertido contrato de municiones con una empresa israelí ha acaparado la atención política en España, generando reacciones intensas desde diversos sectores. Ione Belarra, líder de Podemos, denunció que el aumento en la inversión en armamento, que asciende a 10.500 millones de euros, representa un «robo a mano armada» a la ciudadanía y llamó a la insumisión para movilizarse a favor de una sociedad de paz. Mientras tanto, Mónica García, de Más Madrid, expresó su solidaridad con el pueblo palestino, enfatizando que no debe haber negociaciones en torno al genocidio.
Desde el Gobierno, voces como la del ministro de Transportes, Óscar Puente, minimizan la relevancia de las discrepancias internas sobre el armamento, sugiriendo que hay cuestiones más importantes a tratar dentro de la coalición. En contraste, el Partido Popular ha intensificado su ofensiva, solicitando la comparecencia de varios ministros en el Senado para que expliquen la anulación del contrato con la empresa israelí, a la vez que critica al actual Gobierno como el más dividido de la democracia española. La situación refleja un panorama político tenso y polarizado, donde la gestión de la defensa y la política exterior son ejes centrales de confrontación.
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