El Gobierno español ha presentado una reforma «estructural» del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según lo anunciado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Esta reforma busca fortalecer la autonomía de la Fiscalía en el contexto de un cambio de modelo procesal en el que la investigación penal será asumida por fiscales en lugar de jueces. El texto, que se enviará a órganos consultivos antes de su tramitación parlamentaria prevista para el verano, introducirá cambios clave, como un mandato de cinco años para el fiscal general y la imposibilidad de que sea destituido por una nueva administración a menos que se demuestre una causa grave.
Entre las modificaciones más relevantes, se prohíben las injerencias del Ejecutivo en asuntos penales y se asegura que los fiscales podrán actuar con mayor independencia. Los fiscales tendrán también competencias similares a las de los jueces, incluyendo la instrucción de casos y el control sobre la Policía Judicial. Además, se regularán las relaciones con la Fiscalía Europea, estableciendo un marco claro para la colaboración en investigaciones que involucren fondos europeos. Esta reforma ha sido aclamada por diversas instituciones, incluidos organismos internacionales, y se espera que reciba un apoyo amplio en el Congreso.
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