El Gobierno español busca este martes la aprobación de la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, a pesar de las resistencias de países como Italia y los bálticos. La propuesta contempla su reconocimiento a partir de 2027, aunque con una derogación que postergaría la traducción de la mayoría de los actos jurídicos del bloque y demanda que España cubra todos los costos asociados, en lugar de recurrir al presupuesto de la UE. La reforma debe conseguir la unanimidad de los Veintisiete, lo que implica que, aunque algunos países opten por abstenerse, cualquier voto en contra podría frenar el proceso.
Las conversaciones han sido mayormente bilaterales, con España abordando directamente las preocupaciones de otros Estados miembros antes de la reunión a Veintisiete. Aunque el Gobierno defiende que la regulación no sentará un precedente, existen temores sobre su posible impacto en lenguas minoritarias en otros países. A menos de 24 horas de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores destacó que la propuesta se ha ajustado teniendo en cuenta las sensibilidades de sus socios, argumentando la singularidad del caso español por sus lenguas cooficiales reconocidas constitucionalmente. La situación sigue siendo compleja y la oposición persiste, lo que hace que el futuro de la oficialidad de estas lenguas en la UE sea incierto.
Leer noticia completa en La Tribuna de Albacete.
