Toledo ha sido el escenario de una importante reunión presidida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, centrada en la nueva planificación hidrológica que abarcará el período 2028-2033. Este encuentro es considerado decisivo para el futuro del regadío en la región, dado que la gestión del agua es un tema crucial para la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria local.
La reunión ha contado con la participación de diversos representantes del sector agrario y de las comunidades de regantes, así como de la administración regional. Entre los asistentes se encontraban el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y otros representantes de comunidades de regantes y asociaciones agrarias.
Durante el encuentro, se expusieron las inquietudes del sector, que se siente preocupado por el endurecimiento de las condiciones para el uso del agua en regadío, la incertidumbre en las dotaciones y concesiones, y la necesidad de contar con una planificación que se base en datos reales. Los asistentes también abogaron por la diferencia en la gestión del agua, evitando recortes homogéneos que no tienen en cuenta las particularidades de cada cuenca.
Martínez Lizán destacó la importancia de defender un modelo de regadío que sea social, productivo y compatible con la sostenibilidad, incidiendo en que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad en superficie de regadío de España y una de las más eficientes en su uso. De hecho, el 70 por ciento de los regadíos en la región se realizan mediante sistemas de riego localizado, lo que permite un aprovechamiento eficaz del agua.
Las discusiones se centraron en la Cuenca del Segura y la Cuenca del Júcar, áreas que afectan directamente a la provincia de Albacete. En el caso del Segura, se puso de manifiesto la disparidad en la distribución del agua; aunque la provincia ocupa el 25 por ciento de la superficie de la cuenca, solo recibe el 10 por ciento del agua disponible. Esta situación pone en riesgo la actividad agraria y la sostenibilidad de los municipios dependientes de esta cuenca. Los regantes demandan la diferenciación del regadío de apoyo a cultivos leñosos y una revisión de la información sobre masas de agua.
La Cuenca del Júcar, por su parte, es considerada estratégica para la región, ya que el 71 por ciento de su superficie pertenece a Castilla-La Mancha. Sin embargo, existe preocupación por posibles recortes del 35 por ciento en las concesiones y la necesidad de una gestión equilibrada ante el creciente consumo de agua en áreas costeras.
Los representantes de ambos territorios coincidieron en la importancia de establecer reglas claras y de promover una verdadera cogestión entre las administraciones y los regantes. Asimismo, abordaron la necesidad de realizar inversiones para mejorar la infraestructura hídrica y para asegurar el acuífero.
Frente a los desafíos planteados por la Directiva Marco del Agua, el Ejecutivo regional se encuentra en fase de evaluar cómo responder jurídica y administrativamente a estos retos. El consejero de Agricultura subrayó que Castilla-La Mancha defiende una normativa que no comprometa la viabilidad del medio rural. En este contexto, se encuentra abierto el proceso de alegaciones, en el que se prevé la participación activa de los diferentes actores involucrados en la gestión del agua.
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