El Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Fundación CIEES, ha dado un paso significativo hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Este compromiso se formalizó el 12 de mayo de 2025 mediante la firma de un convenio en la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, con la presencia de autoridades destacadas.
El objetivo principal de este acuerdo es llevar a cabo un estudio preliminar que evaluará la viabilidad de implementar unidades de apoyo al personal funcionario y laboral que cuente con discapacidad intelectual. Este estudio se enmarca dentro de las ofertas de empleo público, con el fin de crear un entorno más accesible y adaptado para estos trabajadores.
En concreto, el proyecto beneficiará a 106 personas con discapacidad intelectual que, tras haber superado un proceso selectivo, acceden a la función pública en distintas provincias de Castilla-La Mancha. Entre ellas, 35 provienen de Albacete, 34 de Toledo, 26 de Ciudad Real, siete de Cuenca y cuatro de Guadalajara.
La Junta de Comunidades ha publicado las bases para los procesos selectivos de 2023-2024, que incluyen un total de 2.306 plazas, reservando 46 para personas con discapacidad intelectual. Esto responde a la intención del Ejecutivo, liderado por García-Page, de fomentar la inclusión de estos colectivos en el ámbito público.
El convenio establece que la Fundación CIEES proporcionará seis educadores sociales que brindarán apoyo en varias provincias y se encargarán de la adaptación de los puestos de trabajo, así como del seguimiento del rendimiento de los empleados. La Junta, por su parte, facilitará el acceso a las instalaciones necesarias y colaborará con los recursos humanos requeridos para la correcta implementación del plan.
Este acuerdo, que tiene una vigencia hasta el 30 de abril de 2026, cuenta con una inversión significativa de 213.875 euros, destinada a asegurar que las personas con discapacidad intelectual puedan desenvolverse con autonomía y seguridad en sus nuevos puestos de trabajo.
La iniciativa subraya el esfuerzo conjunto por construir una Administración Pública más inclusiva y accesible, promoviendo así la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
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