El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha concluido el caso contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, dejando la aplicación de la ley de amnistía en manos de la Sala de lo Penal. En un auto reciente, Llarena confirmó el levantamiento de la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont, acusado de malversación, citando la posibilidad de que se aplique la amnistía como lo sugirió anteriormente en octubre. La decisión también beneficia a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, quienes al igual que Puigdemont, huyeron de la justicia y no fueron juzgados. El juez argumentó que, aunque no comparta completamente la opinión de la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la amnistía por malversación, está obligado a aplicar dicha doctrina.
La resolución de Llarena ha sido objeto de críticas, especialmente de la acusación popular de Vox que había presentado un recurso contra el levantamiento de las órdenes de detención, pero fue desestimado. A pesar de las reservas sobre la «mesura» del Tribunal Constitucional en su fallo, Llarena subrayó que su decisión no implica el cierre del proceso judicial, el cual aún podría estar sujeto a otros recursos y decisiones definitivas por parte del órgano competente. Este desarrollo se produce poco después de que la Sala de lo Penal del Supremo aplicara la amnistía a otros políticos catalanes como Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull, marcando un punto crucial en los prolongados procedimientos legales relacionados con el movimiento independentista catalán.
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