Esta semana, el Tribunal Supremo emitió una nueva sentencia respecto al caudal del río Tajo, que ha generado reacciones encontradas en las comunidades afectadas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebra que se deba aumentar de inmediato los caudales ecológicos, contrariamente a la propuesta del Gobierno de España que abogaba por implementarlos de manera gradual hasta 2027. Sin embargo, esta interpretación no es compartida por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, cuya dirección sostiene que la sentencia avala el escalonamiento, argumentando que no habrá interrupciones inmediatas en el suministro de agua a Levante.
La controversia se ha intensificado con las declaraciones del presidente murciano, Fernando López Miras, quien cuestiona la política hídrica del Gobierno central y considera que las decisiones adoptadas son unilaterales y carentes de fundamentos técnicos. Asimismo, desde el PSOE murciano, su secretario general considera incorrecta la interpretación de García-Page, sugiriendo que el Tribunal reafirma la progresión en el establecimiento de caudales. En respuesta a la sentencia, Izquierda Unida en Castilla-La Mancha planea presentar mociones en los municipios que atraviesa el Tajo para instar al Ministerio para la Transición Ecológica a cumplir con las resoluciones del Tribunal Supremo.
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