El Ayuntamiento se enfrenta a un desafío legal tras decidir recurrir al Tribunal Superior de Justicia por sentencias favorables a 18 trabajadores municipales sobre la cuestión de sus antigüedades. Estos empleados, parte de una plantilla de 180 que presentó demandas, exigen que el Gobierno del Partido Popular reponga la cuantía correspondiente. La situación ha generado tensiones en el Consistorio, donde Comisiones Obreras, representadas por Carmen Juste y Amelia Valero, defendieron enérgicamente los derechos de los trabajadores durante una sesión en la sala de plenos. Este respaldo fue compartido por los partidos de izquierda como el Socialista y Ea Villarrobledo en Acción, mientras que Vox optó por abstenerse.
El intento de alcanzar un consenso a través de un monográfico solicitado por Comisiones Obreras y secundado por mociones de los partidos de oposición no logró resolver las discrepancias existentes. Las divisiones persisten y el Ayuntamiento mantiene su decisión de llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justicia, buscando una resolución definitiva que establezca claridad sobre las obligaciones respecto a la antigüedad de los empleados. Esta situación pone de relieve las tensiones políticas y laborales en el municipio, evidenciando la complejidad de las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas y sindicales involucradas.
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