El Partido Popular (PP), actuando como acusación popular en el «caso Koldo» ante el Tribunal Supremo, se ha opuesto firmemente al recurso del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que busca su liberación de prisión provisional. El PP argumenta que la afirmación de Cerdán de ser víctima de una «causa política» es insostenible, subrayando que el caso está basado en corrupción y no en motivaciones políticas. El tribunal sostiene que existen «notabilísimos indicios» de criminalidad contra Cerdán, relacionados con presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, refutando la idea de que solo medidas cautelares puedan ser tomadas con plena convicción de culpabilidad.

Por otro lado, el PP resalta que los indicios contra Cerdán son sólidos, incluyendo grabaciones de conversaciones que no han sido desmentidas claramente por él. Además, vincula al ex secretario con la empresa Servinabar, adjudicataria de obras públicas bajo sospecha. Asegura que estos factores justifican mantener a Cerdán en prisión provisional, indicando riesgos de destrucción de pruebas y fuga. La narrativa plantea que, incluso habiendo cesado en sus cargos, Cerdán podría entorpecer la investigación al ser potencial receptor clave de comisiones, mientras se sigue examinando su patrimonio. La postura del PP desestima también que la prisión busque forzar una confesión, asegurando que la falta de declaración reafirmaría la inocencia si fuera el caso.

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