El Tribunal Supremo se prepara para abordar el recurso interpuesto por el exministro José Luis Ábalos sobre su prisión provisional, impuesta el 27 de noviembre, en un caso que ha capturado la atención mediática y política. Ábalos, actualmente en la cárcel de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García, argumenta que su entrega a las autoridades, sin resistencia, demostraba que no existía riesgo de fuga. Sin embargo, la justicia había determinado un riesgo «extremo» de evasión debido a las considerables penas solicitadas: la Fiscalía pide 24 años para Ábalos y hasta 30 años según las acusaciones. En medio de este complicado escenario legal, su abogado, Carlos Bautista, ha renunciado a defenderlo, pero deberá estar presente en la próxima vista si no se nomina un sustituto adecuadamente preparado.
Este caso, conocido como el «caso Koldo», gira en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales por contratos de mascarillas durante la pandemia, con Ábalos supuestamente aprovechándose de su posición gubernamental y partidaria. Aunque la renuncia de su abogado plantea desafíos adicionales para su defensa, fuentes cercanas aseguran que la audiencia no se cancelará. Este juicio es solo el comienzo de una serie de procedimientos relacionados con corrupción dentro del Partido Socialista, incluyendo investigaciones sobre pagos en efectivo y posibles amaños en adjudicaciones públicas. En una trama que involucra a otros exdirigentes, el caso refleja las profundas implicaciones políticas y legales para las personas implicadas.
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