El Tribunal Supremo ha iniciado un análisis exhaustivo de la información proporcionada por WhatsApp en relación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha sido objeto de intensas investigaciones por su presunta implicación en la filtración de secretos. Tras constatar que García Ortiz borró mensajes de la aplicación y eliminó su cuenta de correo electrónico de Google, el magistrado Ángel Hurtado solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que evaluara los datos durante un mes de forma secreta. Esta medida se suma a una petición anterior a Google, de la cual ya se han recibido elementos pertinentes, después de que las autoridades irlandesas redirigieran la solicitud hacia Estados Unidos.
Las diligencias del Tribunal Supremo se centran en presuntas irregularidades relacionadas con un caso que involucra a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las líneas de investigación abarcan tres incidentes clave: la revelación de una investigación sobre González Amador por delitos fiscales, una oferta de reconocimiento de culpabilidad enviada a su fiscal, y una nota de prensa de la Fiscalía que trató estos correos electrónicos. Las pruebas recopiladas en este proceso tendrán implicaciones significativas en el contexto judicial actual.
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