El Tribunal Supremo ha comunicado que la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, podría haber cometido un delito al contratar de manera sospechosa a Jéssica Rodríguez, ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en Ineco y Tragsatec. El instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, ha remitido el caso a la Audiencia Nacional para que evalúe la posible imputación de Pardo de Vera debido a las irregularidades en las contrataciones, las cuales se consideran «caprichosas» y carentes de la debida actividad laboral por parte de Rodríguez durante su período en estas empresas.
Además, Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar las adjudicaciones de obras públicas asociadas a las irregularidades, tras determinar que existían menciones manuscritas en documentos que apuntan al ex asesor de Ábalos. Sin embargo, el magistrado ha rechazado llamar a testificar al actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que no se detectaron irregularidades en la compra de mascarillas en el contexto de la pandemia. Puente también ha citado a otros testigos vinculados a la trama para clarificar las supuestas irregularidades en las contrataciones relacionadas con el exministro.
Leer noticia completa en La Tribuna de Albacete.
