El Tribunal Supremo de España ha decidido que los hijos de nacionalizados por la llamada «ley de nietos» podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Esta decisión llegó después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazara las solicitudes de Vox e Iustitia Europea para extender la suspensión del voto, mientras que la Abogacía del Estado, representando al Gobierno, se opuso a esas peticiones. Los magistrados argumentaron que iniciar un proceso de revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en este momento, tan cerca del inicio del periodo electoral y del depósito de los votos en los consulados, podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad electoral. La resolución se adoptó después de considerar que proceder con esta revisión podría causar una perturbación grave en los intereses generales.
Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la decisión del Supremo. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero expresó un voto particular disidente, argumentando que la necesidad de la medida cautelar sigue siendo relevante para garantizar una futura sentencia coherente. Del mismo modo, la magistrada María Alicia Millán formuló un voto particular en contra de mantener la suspensión cautelar para los nacionalizados por la disposición de la Ley de Memoria Democrática, indicando que la protección de la pureza electoral no debería justificar la suspensión del derecho al voto de ciudadanos que cumplen con los requisitos legales. Millán destacó que los electores afectados son solo un 0,42 por ciento del total del censo electoral, insinuando que su impacto en el resultado final de las elecciones sería marginal.
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