El Tribunal Supremo ha convocado al Gobierno a una vista pública el 29 de mayo para que explique las acciones tomadas con respecto a los mil menores migrantes no acompañados bajo tutela en Canarias. Esta medida se deriva de una orden del 25 de marzo, en la que el alto tribunal exigió al Estado garantizar el acceso y permanencia de estos jóvenes en el sistema nacional de acogida en un plazo de diez días. La decisión de convocar la vista se basó en que la respuesta del Gobierno parece indicar que no se ha cumplido con la orden en sus términos exactos.

Durante la vista, se requerirá que el Estado presente un informe detallado sobre los menores que han sido evaluados y aquellos que aún están pendientes. Además, debe explicar qué recursos se han asignado y qué iniciativas se están tomando si no hay suficientes medios para gestionar esta competencia estatal. Mientras tanto, el Gobierno ha reiterado su compromiso de cumplir con la orden judicial y está desarrollando un protocolo en colaboración con Canarias para abordar cada caso individualmente, buscando soluciones para mitigar el hacinamiento y las condiciones inadecuadas en que se encuentran estos jóvenes.

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