España se encuentra bajo un intenso escrutinio por parte de Bruselas, enfrentando críticas incesantes que abarcan desde la polémica amnistía a los líderes del procés hasta la corrupción en contratos públicos. La Comisión Europea y el Parlamento comunitario han levantado serias preocupaciones, poniendo en cuestión la gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez. Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, ha calificado al gobierno español como «el punto débil de Europa», acusándolo de priorizar intereses políticos sobre acciones estratégicas cruciales para la estabilidad del continente. La amnistía concedida a cambio de apoyo político en la Moncloa ha sido un punto álgido, con la Corte de Luxemburgo y la Comisión Europea criticando su falta de solidez y sugiriendo que representa una «autoamnistía» más que una medida de interés general.

La presión no solo se centra en las decisiones políticas, sino también en las finanzas y las estrategias económicas de España. Bruselas ha señalado un «alto riesgo» de corrupción en los contratos públicos y en la financiación de partidos políticos, además de congelar fondos significativos del Next Generation debido a reformas incumplidas. En el ámbito financiero, el Ejecutivo español fue acusado de boicotear la oferta de adquisición del BBVA sobre el Sabadell, contraviniendo competencias del Banco Central Europeo. Intentos de oficializar el catalán, euskera y gallego en la UE fueron rechazados, destacándose la falta de consenso y las dudas legales y prácticas. La Comisión también ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para reducir la politización. Toda esta presión coloca al gobierno de Sánchez en una encrucijada, donde las acciones internas ya no son simplemente asuntos domésticos.

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