El Gobierno central ha presentado al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Dependencia que pretende mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. La modificación busca principalmente agilizar trámites y eliminar incompatibilidades en las prestaciones, además de ampliar la ayuda a domicilio más allá del hogar y reducir la burocracia en las valoraciones. Con un fuerte enfoque en el cuidado centrado en la persona, la reforma incluye también medidas para apoyar a los cuidadores familiares y propone la creación de un banco público de productos de apoyo esenciales para los dependientes, como camas y grúas.

En la región de Castilla-La Mancha, algunas de estas mejoras ya se implementan, como las viviendas para personas dependientes y los servicios Sepap, con una extensa red que beneficia a múltiples usuarios. Sin embargo, el viceconsejero de Dependencia, Javier Pérez, ha destacado que las nuevas modificaciones conllevan un aumento en el gasto, y ha enfatizado la necesidad de asegurar una financiación adecuada para garantizar la sostenibilidad de la ley. Actualmente, Castilla-La Mancha aporta el 70% de la financiación, superando el compromiso teórico de reparto igualitario con el Gobierno central.

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