El exmandatario surcoreano Yoon Suk Yeol enfrenta una solicitud de pena de muerte por parte de un equipo especial de fiscales, quienes lo acusan de haber liderado una insurrección mediante la imposición de una controversial ley marcial en diciembre de 2024. Esta acción, que resultó en la movilización de tropas cerca del Parlamento, culminó en su destitución meses después y provocó una crisis política en el país. Los fiscales han argumentado que Yoon utilizó las fuerzas armadas y la policía con la intención de suprimir la Asamblea Nacional y perpetuar su poder, acciones que consideran una grave amenaza para la democracia surcoreana. El fiscal Park Eok Su subrayó que el objetivo del expresidente era controlar los poderes judicial y legislativo, evidenciando una manipulación de recursos que debían estar destinados al interés nacional.
El proceso judicial, que se desarrolla en el tribunal de distrito de Seúl, está despertando interés tanto por su impacto político como por las serias implicaciones legales para Yoon, quien además enfrenta cargos por abuso de poder y obstrucción a la justicia. Mientras el exmandatario defiende sus acciones como un intento de salvaguardar el orden constitucional, calificándolas de alejadas de conceptos dictatoriales, la acusación destaca su responsabilidad en arrestos de figuras políticas clave el 3 de diciembre. Desde entonces, varios de sus ministros también han sido inculpados como cómplices. Mientras el país espera el fallo del tribunal para el 19 de febrero, la opinión pública y el Partido Democrático presionan para que la justicia actúe con firmeza y se restaure la confianza en el sistema constitucional.
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