El Gobierno español ha decidido poner fin a la inscripción directa de bebés nacidos por gestación subrogada en el Registro Civil. A partir de ahora, la formalización de la filiación deberá seguir los procedimientos habituales, ya sea a través del vínculo biológico o adopción. Esta instrucción, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado, busca prevenir que ciudadanos españoles eludan la prohibición de esta práctica enviando a cabo gestaciones en el extranjero. Esta medida responde a una demanda histórica del movimiento feminista y de entidades que abogan por la protección de los menores, argumentando que la gestación subrogada implica la mercantilización del cuerpo de la mujer y de sus hijos.
La nueva normativa se basa en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que negó la eficacia legal de un contrato de gestación subrogada establecido en EE. UU., considerándolo nulo y contrario al marco legal español. Según el Gobierno, la intervención de la ley española es esencial para garantizar el interés superior del menor y protegerlo de cualquier forma de mercantilización. Esta posición también se alinea con la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite a los estados tomar medidas para restringir prácticas prohibidas en su legislación. Por su parte, la ministra de Igualdad ha reiterado el compromiso de llevar la prohibición de la gestación subrogada a su máxima expresión en España.
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