En un inusual debate en las Cortes, se presentó una enmienda a la totalidad a la Ley de Simplificación Administrativa que busca derogar el proyecto del gobierno regional. Vox, que impulsó la enmienda, sostiene que la ley propicia una «privatización encubierta» mediante la inclusión de entidades colaboradoras que, según su argumento, transferirían funciones administrativas a empresas privadas. Sin embargo, los cuatro votos de Vox no son suficientes para rechazar la ley, ya que no cuentan con el apoyo del Partido Popular, que a pesar de no respaldar la enmienda, ha señalado su intención de modificar ciertos aspectos de la legislación a través de enmiendas parciales.
Durante el debate, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, defendió el uso de estas entidades, aclarando que su papel se limitaría a elaborar informes y verificar documentación, manteniendo las decisiones en manos de funcionarios competentes. Guijarro enfatizó que la ley es más garantista que las de otras regiones y que la colaboración con entidades privadas es voluntaria, destacando su utilidad para los ayuntamientos pequeños. Sin embargo, este punto fue criticado por otros opositores, quienes advirtieron sobre el riesgo de crear una «administración a dos velocidades» y subrayaron la preocupación por posibles conflictos en la gestión administrativa que podrían favorecer a quienes puedan pagar por unos servicios más ágiles.
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