El pasado 16 de julio, las organizaciones agrarias españolas y europeas se manifestaron en Bruselas en respuesta a la propuesta de reducción del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, un movimiento que desde hace semanas circulaba como un secreto a voces. A pesar de que el presupuesto de la Unión Europea aumentará significativamente en defensa y seguridad, los fondos destinados al sector agroalimentario enfrentarán un inesperado recorte del 20%. Este ajuste preocupa tanto a agricultores como a ciudadanos, debido a su impacto en la calidad y precio de los alimentos en Europa. La noticia desató una ola de críticas de varios ministros europeos, arguyendo que dicho recorte desvirtúa los objetivos de desarrollo rural y apoyo a regiones menos desarrolladas.

En España, el anuncio ha provocado reacciones intensas. Comunidades como Andalucía, Galicia y Castilla y León han expresado su firme oposición al considerar la propuesta como una amenaza a la autonomía y solidez de la PAC. Las organizaciones agrarias españolas también alzaron su voz, con líderes como Pedro Barato de ASAJA calificando el día como un «miércoles negro» para la agricultura europea, advirtiendo sobre las graves implicaciones de convertir una política común en una serie de planes nacionales descoordinados. COAG y UPA también expresaron su malestar, subrayando la incoherencia de exigir innovación sin proporcionar fondos suficientes y advirtiendo sobre un otoño tenso de movilizaciones si no se reformula la propuesta. La incertidumbre y complejidad administrativa que podría traer este nuevo marco financiero preocupa profundamente al sector, que pide una revisión inmediata del plan.

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