Desde la implementación de la Ley de lucha frente a la despoblación en Castilla-La Mancha en 2021, un total de 1.368 personas han decidido establecerse en los municipios más afectados por este fenómeno. La normativa busca abordar el desafío migratorio y revitalizar estas localidades, que han experimentado un notable descenso de población en las últimas décadas.
La llegada de nuevos residentes representa un rayo de esperanza para las comunidades que enfrentan el desierto demográfico, impulsando iniciativas económicas y sociales que pueden contribuir a la sostenibilidad de la zona. Aunque los números son alentadores, los responsables políticos reafirmaron la necesidad de seguir trabajando en estrategias que garanticen no solo el asentamiento de nuevos habitantes, sino también la mejora de la calidad de vida en estos territorios.
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