La Audiencia de Madrid ha reforzado las sospechas sobre Cristina Álvarez, quien se encuentra bajo investigación por su papel como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La Sección 23 de la Audiencia ha confirmado que existen indicios de que Álvarez pudo sobrepasar sus funciones públicas para favorecer un posible plan delictivo, vinculado a delitos de tráfico de influencias y corrupción. El tribunal ha anulado su declaración anterior como testigo, que condujo a su imputación, y ha ordenado un mayor escrutinio sobre su relación con empresas del Grupo Barrabés, implicadas en este caso.

El tribunal advierte que el uso indebido de recursos públicos por parte de Álvarez podría haberse destinado a intereses privados, lo que refuerza la investigación sobre el entorno de poder en el que se halla Begoña Gómez. Además, se ha solicitado el registro de sus llamadas para esclarecer la magnitud de su implicación, mientras que la Audiencia ha sostenido que su eventual tolerancia a conductas ilícitas podría tener consecuencias legales. Con estas consideraciones, el proceso avanza mientras se refuerzan las acusaciones por malversación y tráfico de influencias dentro del ámbito gubernamental.

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