Este martes, el Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete se prepara para juzgar a ocho personas, acusadas de formar una organización criminal dedicada al cultivo y venta de marihuana. La Fiscalía solicita penas de hasta cinco años de prisión y una multa de 200.000 euros, además de una indemnización de 22.000 euros a la compañía eléctrica por la manipulación del suministro eléctrico. La trama se destapó cuando se descubrió que este grupo había acondicionado sótanos de una vivienda para llevar a cabo su actividad ilícita, haciendo cambios en la instalación eléctrica para eludir el control del consumo.

En mayo de 2023, los acusados rentaron estratégicamente una vivienda en una urbanización de Albacete y, siguiendo un plan bien organizado, comenzaron a montar un complejo sistema de aireación, humedad e iluminación para el cultivo. Según la acusación, el grupo utilizó a un electricista anónimo para realizar las modificaciones necesarias en el contador eléctrico, lo que les permitió operar durante un tiempo sin llamar la atención. Este caso refleja no solo la lucha de las autoridades contra el tráfico de drogas, sino también los riesgos asociados a actividades criminales que pueden surgir en la búsqueda de beneficios económicos desmesurados.

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