El Juzgado número 4 de Ávila investiga a trabajadores de la cárcel de Brieva por presuntos actos de cohecho relacionados con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2019. Según reportes, los funcionarios habrían mantenido relaciones sexuales con Quezada a cambio de facilitarle el acceso a un teléfono móvil. Este aparato habría sido utilizado por la condenada para grabar estas interacciones, con el objetivo de chantajear a la dirección del centro penitenciario y conseguir su traslado a Barcelona.
Los dos empleados de la prisión involucrados han dejado de trabajar en el centro tras concluir la fase de investigación. El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, confirmó que las diligencias ya han sido enviadas al Juzgado correspondiente, que ahora decidirá los pasos a seguir. La situación ha levantado una ola de inquietud sobre la integridad del sistema penitenciario y las condiciones en que se manejan las relaciones entre internos y personal del centro.
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