En una maniobra judicial que ha sacudido el ámbito político y empresarial, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha ordenado la detención de Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, ex presidente de SEPI, y el empresario Antxon Alonso. La investigación, en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apunta a que estos tres individuos, miembros de un grupo conocido como «Hirurok», habrían recibido más de 700,000 euros en comisiones ilegales. Estas ganancias se habrían obtenido al manipular procesos administrativos en beneficio propio mediante el uso de sus conexiones en el sector público, una actividad que se habría extendido al menos durante dos años, entre 2021 y 2023.
Las operaciones bajo sospecha incluyen la polémica concesión de rescates y contratos favorables a determinadas empresas. Entre ellas destaca una ayuda de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos, donde se habrían cobrado cerca de 115,000 euros en comisiones ilegales. Otros casos implican a la empresa Mercasa, donde se adjudicaron contratos a Servinabar, y al parque empresarial asturiano PEPA, favoreciendo a la constructora Erriberri por 2,8 millones de euros. Parte de los beneficios obtenidos habrían sido canalizados para inversiones inmobiliarias en destinos como Marbella y Jaca. A pesar de la gravedad de las acusaciones de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, los detenidos han sido liberados con medidas cautelares que incluyen la retirada de pasaportes y presentaciones quincenales ante la justicia.
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