El anuncio de una huelga de tres días por parte de las asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a las progresistas, ha sacudido el panorama jurídico español. La medida, programada para el 1, 2 y 3 de julio, es un claro rechazo a las reformas propuestas por el ministro Félix Bolaños, que afectan el acceso a la carrera judicial y la nueva estructura de la Fiscalía. En este contexto, los jueces y fiscales ya habían manifestado su descontento el pasado 11 de junio con un paro de diez minutos en todo el país. La primera movilización de este movimiento se llevará a cabo el 28 de junio frente al Tribunal Supremo, un acto que las asociaciones consideran simbólico y un llamado a la defensa de la independencia judicial.

Mientras se preparan para las huelgas, las asociaciones de jueces y fiscales también han solicitado reuniones con los principales partidos políticos en un esfuerzo por dialogar y abordar sus preocupaciones sobre las reformas legislativas en curso. Expresan su disposición al diálogo, pero subrayan que la integridad del sistema judicial y su independencia son innegociables. En su manifiesto, advierten sobre el riesgo de que estas reformas debiliten el Poder Judicial, convirtiéndolo en un organismo más susceptible a influencias políticas y mediáticas, lo que podría poner en peligro los principios democráticos fundamentales y la calidad de la justicia en el país.

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