La Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el caso relacionado con la gestión de la dana, desestimando así el recurso de apelación presentado por su defensa. El tribunal ha sostenido que la decisión de investigar a Pradas era «procesalmente inevitable», dado el contexto del procedimiento, y ha señalado que existían pruebas suficientes que apuntan a un posible incumplimiento de sus deberes en relación con la información sobre los caudales acumulados a raíz de las lluvias.

Además, la Audiencia ha ratificado otras decisiones de la jueza de Catarroja, que habían desestimado querellas contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y rechazado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, fuera investigada. La Sala enfatizó que las querellas presentadas carecían de fundamentos penales claros y no podían sostenerse en el marco legal actual, reafirmando así la estructura de responsabilidades en la gestión de emergencias durante la crisis ocasionada por la dana.

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