La Casa Blanca ha rechazado contundentemente el reciente fallo del Tribunal de Comercio Internacional (CIT) de EE. UU., que suspendió la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, alegando que el tribunal se extralimitó en sus funciones. Este fallo, calificado por la administración como «flagrantemente erróneo», prohíbe medidas arancelarias que la Casa Blanca considera esenciales para su política exterior y economía. La administración está preparando un recurso de apelación e incluso podría solicitar al Tribunal Supremo una medida cautelar para evitar daños irreparables a la seguridad nacional y la economía.

El CIT dictaminó que los aranceles globales de Trump, incluidos los del 30% a China y del 25% a México y Canadá, son ilegales y no se ajustan a la legislación vigente. La corte argumentó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no confiere autoridad ilimitada para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso, generando tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial. Este contexto ha llevado a funcionarios de la Casa Blanca a manifestar que la política económica debería ser decisión de los poderes políticos y no de jueces no electos, lo que ha desatado el debate sobre el alcance de la autoridad presidencial en materia comercial.

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