En la sesión plenaria de marzo de la Diputación Provincial, celebrada el jueves, se abordaron más de veinte puntos, aunque solo dos mociones generaron un debate significativo. La primera, presentada por el Partido Popular, solicitaba la paralización de la Tasa de Gestión de Residuos a Entidades Locales, argumentando que este incremento afectaría a los 87 municipios de la provincia y repercutiría negativamente en la economía de los ciudadanos. Esta moción fue rechazada por el PSOE, que defendió su postura señalando que no se traduciría en un coste adicional para los vecinos y citando la necesidad de cumplir con la normativa europea para evitar sanciones.
La segunda moción, de Vox, fue aprobada y buscaba la creación de una carta de servicios de la Diputación, destinada a mejorar la gestión y responder de manera más ágil a las necesidades de los ciudadanos y entidades locales. Tanto el PSOE como el PP respaldaron la propuesta, considerándola crucial para aumentar la transparencia y confianza en las instituciones. En la parte final del pleno, Vox centró su intervención en irregularidades en la concesión de subvenciones, reforzando así su papel protagónico en la sesión.
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