La Fiscalía ha solicitado nuevamente el archivo de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias relacionado con su dirección de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción Número 41, el fiscal argumenta que «la mera relación conyugal» de Gómez no debe traducirse en un comportamiento delictivo. Se destaca la ausencia de pruebas concretas de influencia indebida o de beneficio económico, y se cuestionan las bases de las imputaciones que incluyen otros delitos como corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El fiscal también rechaza las acusaciones contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, argumentando que no hay justificación para atribuírle crimen alguno basado en planes delictivos infundados. En cuanto al supuesto delito de apropiación indebida relacionado con un software desarrollado en la cátedra, se subraya que nunca hubo intención de lucro, dado que el objetivo era crear una plataforma gratuita para PYMES y ONG. Las defensas de los investigados han solicitado archivar la causa, mientras que las acusaciones populares insisten en que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sea citado como testigo para aclarar el alcance de las acciones de Gómez.

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