La reciente sentencia que anula la creación de 98 puestos de libre designación en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha convertido en el foco de atención del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. A pesar de la decisión judicial, que considera que no se otorgó el tiempo suficiente a los sindicatos para evaluar la propuesta presentada en 2019, el consejero ha manifestado su intención de recurrir la sentencia, argumentando que el juez no aborda el fondo del asunto relativo a la provisión de puestos en la administración pública.
La posición del consejero fue respondida por Gustavo Fabra, portavoz del sindicato STAS, quien critica la politización de los cargos públicos y denuncia prácticas de «enchufes». Ruiz Molina, sin entrar en la polémica sobre estos comentarios, sugirió que provienen de influencias políticas de la oposición. Aseguró que su enfoque hacia estas acusaciones y temas relacionados se canaliza a través de las discusiones en las Cortes, lo que sugiere un distanciamiento de las críticas específicas en el ámbito sindical.
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