El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra preocupado ante la falta de información sobre las posibles acciones del Ministerio para la Transición Ecológica respecto a la explotación del trasvase Tajo-Segura, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide el escalonamiento de caudales ecológicos hasta 2027. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, expresó su inquietud por las declaraciones de los gobiernos de Murcia, Valencia y Andalucía, quienes parecen buscar dilatar la implementación de nuevas reglas de explotación que la Junta considera esenciales para la conservación del agua y del medio natural.
Gómez hizo hincapié en que la citada sentencia es aún susceptible de recursos, aunque desconoce si otras administraciones tomarán esta vía. La consejera reafirmó el compromiso del Gobierno regional por exigir el cumplimiento no solo de esta sentencia, sino también de otras decisiones judiciales previas. Además, destacó la urgencia de establecer caudales ecológicos, reiterando que los trasvases actuales, especialmente los de gran volumen, afectan seriamente a los municipios ribereños y al ecosistema del entorno. La Junta, por tanto, está decidida a colaborar con el Ministerio para modificar las normas de explotación y asegurar que se implementen los caudales necesarios.
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