El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado ante las autoridades europeas una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, argumentando que es crucial para equilibrar las actividades económicas y la protección ambiental en la región. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha enfatizado que no se permitirá la revisión o extinción de los derechos hídricos. Esta solicitud se enmarca en el discurso que el presidente García-Page pronunciará en el Comité Europeo de las Regiones. Según Caballero, la región comparte los objetivos de la directiva, pero insiste en que una aplicación estricta podría tener efectos adversos. Además, ha destacado la importancia de colaboración entre gobiernos y distintos sectores para encontrar soluciones sostenibles, particularmente en áreas sensibles como las Tablas de Daimiel y el Alto Guadiana.
En paralelo, el sector vitivinícola es otro foco de atención para el gobierno regional, que busca el apoyo europeo para asegurar el presupuesto necesario y evitar medidas que puedan poner en peligro la economía local, como los arranques indiscriminados de viñedos. Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, ha subrayado la importancia de proteger este sector estratégico, que representa el 5% del PIB regional. Proponen medidas que potencien la promoción internacional del vino y una reestructuración adaptada a la demanda actual. Se apuesta también por respaldar la transformación de viñedos, especialmente de uva blanca, y fortalecer la infraestructura cooperativa para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del sector.
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