El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido mantener en secreto la investigación sobre el apagón que afectó a la Península el 28 de abril durante al menos un mes más. Este silencio judicial se produce tras la recepción de informes de Red Eléctrica y del Centro Criptológico Nacional, que tienen como objetivo determinar las causas del incidente. La investigación, abierta de oficio por el juez, analiza si el apagón podría estar relacionado con un posible acto de sabotaje informático, lo que podría calificar el hecho como un delito de terrorismo según el artículo 573 del Código Penal.
A pesar de la gravedad de la situación, que dejó sin luz a millones de ciudadanos en España y Portugal, Red Eléctrica ha descartado que el apagón haya sido causado por un ciberataque. Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reiterado que no existen indicios de un ataque en el operador del sistema. Las investigaciones continuarán con cautela mientras se espera el resultado de los informes solicitados por el juez, lo que mantiene en suspenso la posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación sobre un tema que preocupa a las autoridades.
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